LENGUA DE SIGNOS


Las características fundamentales de la Lengua de Signos son las siguientes:

 • Es la lengua natural de las Personas Sordas, constituyendo ésta un elemento de identidad y pertenencia a un grupo lingüístico específico.
 • Es una lengua visual: se produce a través de la vía gestual y se recibe mediante la vía visual. Es por ello que para su desarrollo es preciso desarrollar unas condiciones previas que implican atención, discriminación visual y agilidad manual.
 • No es una lengua universal. En cada país se ha desarrollado una L.S. propia, incluso puede haber variaciones entre las lenguas de distintas regiones de un mismo país.

• La Lengua de Signos no es mimo. Hay grandes diferencias entre ambos conceptos: la L. S. es una lengua con gramática y estructura propia. Por otro lado, existe una diferencia entre la utilización del espacio y los distintos elementos corporales entre ambas, ya que la Lengua de Signos se realiza en el “espacio de signación”, esto es, el espacio alcanzado por los brazos.
 • En la producción de la L. S. no sólo se precisa movimientos manuales, sino que también entran en juego distintos elementos no manuales: movimiento de labios, expresiones faciales, acciones de la lengua, hombros y cabeza. Estos elementos son de gran importancia, ya que contienen una parte importante de la información del mensaje.
 • Como se ha indicado con anterioridad, la L.S. posee sus propias reglas morfosintácticas diferentes a la lengua escrita y hablada. Por otro lado es una lengua viva, esto implica un continuo cambio y creación de nuevos signos.

Andalucía fue la comunidad española pionera en contar con una ley de reconocimiento de la L.S.: Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las Lenguas de Signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

 El pasado 23 de noviembre de 2011 el Parlamento Andaluz aprobó el uso de la Lengua de Signos en Andalucía: la norma se aplicará fundamentalmente en el ámbito de los servicios públicos en administraciones, servicios de transportes, medios de comunicación y en la participación política.